DOSSIER

Delitos y violencia electoral: desafíos para la democracia mexicana (2006-2017)

Crimes and electoral violence: challenges for mexican democracy (2005-2017)

Guillermo Lizama Carrasco*

^* Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-Investigador Titular en el Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, . guillermo.lizama@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0323503

Resumen

El objetivo de este trabajo es comprender la magnitud de la violencia política-electoral en México entre 2005 y 2017. Para ello, se analizan las averiguaciones previas que atiende la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Esto se complementa con la búsqueda de hechos de violencia electoral que se registran en diversos medios de comunicación, poniendo especial énfasis en el asesinato de autoridades locales. Con ello se espera comprender los delitos electorales asociados a la violencia y ubicar a esta última como elemento que cuestiona la democracia y los procesos electorales en México. De esta manera, la investigación abona a la comprensión de las consecuencias de este fenómeno para una democracia que lentamente avanza hacia su consolidación debido entre otros problemas a la violencia que es utilizada como herramienta de control político, social y electoral. El problema es que la violencia electoral cuestiona los principios básicos de la participación democrática como son la igualdad del voto, la libertad de ideas, las decisiones de los votantes y la competencia abierta y pacifica por el acceso al poder.

Palabras clave: Violencia; Política; Electoral; México .

Abstract

The objective of this paper is to understand the magnitude of the political-electoral violence in Mexico between 2005 and 2017. Hence, the preliminary investigations done by the Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales are analyzed. This is complemmented by the search for acts of electoral violence that are recorded in various media, with special emphasis on the murder of local authorities. It is expected to understand the electoral crimes associated with violence and locate the latter as an element that questions democracy and electoral processes in Mexico. Thus, this research supports the understanding of the consequences of this phenomenon for a democracy that slowly advances towards its consolidation due, among other problems, to the violence that is used as a tool of political, social and electoral control. The problem is that electoral violence questions the basic principles of democratic participation such as equality of vote, freedom of ideas, decisions of voters, and open and peaceful competition for access to power.

Keywords: Violence; Politics; Electoral; Mexico .

Recibido: 7/05/2018
Aceptado: 15/07/2018

I. Introducción

En México la violencia política es un fenómeno social e histórico presente en todos los procesos electorales con distintos niveles de intensidad y magnitud. La expresión de esta violencia va desde asesinatos de candidatos hasta la amenaza directa a electores y funcionarios de casilla. Este es un elemento distorsionador de las condiciones democráticas y disociador de las relaciones de las personas con el campo político, dado que buena parte de la población ha interiorizado y normalizado los mecanismos y prácticas de violencia electoral. Un ejemplo de esto último es que tan sólo en las elecciones de 2015 en Oaxaca y Guerrero no se instalaron 185 casillas y se impidió por la fuerza la votación en otras 444, y en el año 2017 fueron asesinados 31 alcaldes en las entidades federativas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Colima. Lo que da cuenta de la magnitud del problema público y la necesidad de estudiarlo desde diversas perspectivas disciplinares como pueden ser la historia o las ciencias políticas y sociales.

La democracia en México esta cruzada por una serie de desafíos y problemas que cuestionan su efectividad para transferir -en igualdad de condiciones y con altos niveles de integración- la legitimidad para el ejercicio del poder. En donde el principio básico que sustenta este supuesto es la igualdad de los ciudadanos a través de la participación electoral. De allí que cuando existen problemas como la violencia, que transgreden este precepto de igualdad, se lesionan los principios democráticos que sustentan a las elecciones.

La violencia como amenaza a la democracia significa que se limite el acceso pacífico al ejercicio del poder, en donde la fuerza y la violencia se convierten en factores que desacreditan a las elecciones como mecanismo eficiente para transformar las voluntades de los sujetos en representación para el ejercicio del poder y políticas públicas para resolver los problemas de la sociedad. De allí que el interés por estudiar la violencia electoral se fundamente en que las elecciones son articuladoras de las relaciones de poder y del ejercicio de la autoridad, al tiempo que su crisis está altamente correlacionada con la emergencia de los autoritarismos.

En este trabajo consideramos que la violencia electoral es una práctica política destinada a coaccionar, obligar y disponer de las preferencias electorales de las personas a través de la fuerza física y simbólica. Esta se produce en el contexto de un proceso electoral y se sustenta en el marco de la competencia entre los partidos y candidatos (Palma, 2010; Zepeda, 2010; Mora y Escobar, 2003). Por ello, la violencia es un insumo utilizado para el triunfo electoral y el acceso al poder, de allí que sea un mecanismo ilegal de lucha por el poder político. En donde intervienen una serie de actores públicos y privados como la delincuencia organizada, los grupos de presión, los medios de comunicación, las pandillas urbanas, las corporaciones de seguridad pública y los funcionarios de los distintos niveles de gobierno, entre otros. Así, la violencia electoral se orienta en un doble sentido, en primer lugar hacia la competencia, en donde se presiona a los demás candidatos y por otro lado, es dirigida para persuadir a los electores para que apoyen a determinada persona o incluso para abstenerse de participar.

En las últimas tres décadas la violencia electoral en México apareció con mayor intensidad tras las reformas neoliberales, el debilitamiento del Estado y el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Al tiempo que otro factor explicativo de este fenómeno es la transición a la democracia, el debilitamiento del partido hegemónico y por ende, el aumento de la competitividad electoral (Ponce, 2016: Cruz, 2003). Lo que generó la necesidad de implementar diversos mecanismos de lucha electoral y propició la aparición de la violencia en sus distintas modalidades. La emergencia de la violencia política y electoral también es producto de la presencia de grupos de poder que lograron con la liberalización una mayor autonomía de la esfera estatal y por ende, menor control por parte del Estado. Entre estos se encuentran sindicatos, partidos políticos, iglesias y grupos de la delincuencia organizada principalmente vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero producto de actividades ilícitas.

Esta investigación se plantea como pregunta: ¿Es la violencia electoral un fenómeno masivo y extendido en México y sus entidades federativas? Al respecto, consideramos como supuesto que este fenómeno es de amplia magnitud y extensión debido a que opera como un mecanismo de control político y herramienta de persuasión y competencia electoral.

La metodología de análisis es cualitativa, ya que se emplea la revisión documental y de medios de comunicación¹. Con lo cual se espera sistematizar la magnitud y extensión de las averiguaciones previas constitutivas de delitos electorales, así como de los asesinatos de actores políticos locales como una expresión concreta de la violencia. Ambos hechos -en sí mismo- han sido poco estudiados por las ciencias sociales a pesar de la gran magnitud, los problemas públicos y las afectaciones para la democracia y los procesos electorales que genera la violencia electoral en México.

La violencia electoral en México

En la historia política de México es recurrente apreciar que las elecciones han sido un elemento articulador de las relaciones de autoridad y por consiguiente del sistema político (Andrews, 2017; Aguilar, 2010). Ya que han permitido la consolidación del Estado independiente, republicano y liberal. Aunque parezca contradictorio, las elecciones también generaron buena parte de la inestabilidad política y la falta de gobernabilidad del siglo XIX y permitieron legitimar el gobierno de Porfirio Díaz. Así mismo propiciaron la lucha en el campo político durante la Revolución Mexicana y consolidaron el sistema político de partido hegemónico y posteriormente predominante. También, los procesos electorales permitieron la transición a la democracia en el año 2000 a través de los dos gobiernos de centro-derecha (2000 y 2006) encabezados por el Partido Acción Nacional (Vicente Fox y Felipe Calderón) y el regreso del Partido Revolucionario Institucional en 2012 (Enrique Peña Nieto).

La preponderancia de los procesos electorales los ha llevado a ser objeto de estudio de diversas disciplinas de las ciencias sociales, en donde se ha buscado conocer el comportamiento electoral, los mecanismos de competencia política, las instituciones electorales, los incentivos regulatorios y como estos inciden en la conformación del sistema político y la democracia en México. En este sentido, la preponderancia de las elecciones como mecanismo de acceso al poder para el diseño institucional y el ejercicio del poder ha llevado a que los actores políticos recurran a una serie de mecanismos de competencia y lucha política legal e ilegal. Entre estos últimos destacan fraudes, compra de votos, coacción de electores y violencia, entre otros. Los que configuran a los delitos electorales que debido a su magnitud han sido regulados en marcos jurídicos específicos como son la ley general en materia de delitos electorales y atendidos por una institucionalidad concreta como es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Es en este marco y con reglas del juego especificas en donde se produce la violencia electoral en México.

La violencia electoral es un mecanismo de acceso al poder y control político de los sujetos y sus opiniones, con lo cual se reduce la competencia y se busca persuadir a través de la fuerza a los electores, autoridades, funcionarios electorales y candidatos respecto a sus preferencias de voto.

Con la violencia electoral se busca un resultado específico respecto a las voluntades que se expresan en el campo político. Al respecto Aguilera (2002) señala que este fenómeno tiene una orientación que pretende la persuasión a través de la violencia para incidir en el comportamiento político, las campañas electorales y la conducta del voto.

En primera instancia, vale la pena precisar por qué la violencia política es un fenómeno social persuasivo. Su incidencia en el comportamiento de las personas está en el hecho de que trae consigo una serie de experiencias dolorosas como la amenaza, la extorsión, la desaparición forzada de personas, la tortura, entre muchas otras. Estas experiencias tienen tanto un impacto directo como indirecto en el comportamiento de la gente que habita en contextos violentos (Aguilera, 2002:7).

La violencia electoral en México es un mecanismo permanente en la competencia electoral que ha sido utilizado como una forma de asentar el control social y político tanto de los votantes como de los competidores. Esta violencia si bien ha sido una constante en la historia política de México ha tenido variantes que obligan a pensar en la magnitud actual y en qué elementos se han modificado por el efecto del contexto como es la aparición de los grupos de delincuencia organizada y la presencia masiva de elementos de seguridad (ejército, marina, policía federal) en la llamada guerra contra el narcotráfico. Lo que representa un mecanismo de control social y político que ha sido poco estudiado en sus efectos para la competencia y el comportamiento electoral (Ponce, 2016).

En este sentido la violencia no sólo representa un fenómeno social, sino más bien es una herramienta de acceso al poder por medio del control político y su emergencia está ligada directamente por un lado, al actual contexto de violencia generalizada y por otro lado, a la cultura política autoritaria que predomina en buena parte de los actores políticos en México. Así, el despliegue de la violencia es controlado por los actores dominantes y se desenvuelve en un marco institucional y social dado por el contexto histórico.

La violencia refiere a los procesos históricos que han construido a las sociedades políticas. Entonces, se puede afirmar que la violencia electoral surge del contexto político que ha experimentado México, en donde se pueden apreciar -desde una revisión de la historiografía electoral- (Aguilar, 2010) cinco grandes momentos.

1. Las elecciones en el siglo XIX en la constitución del Estado nacional y el modelo federal (1810-1870).

2. Las elecciones en la consolidación del Estado y el autoritarismo electoral del porfiriato (1870-1910).

3. Las elecciones como reconstitución de los poderes locales con la revolución mexicana (1910-1930).

4. Las elecciones constitutivas del Estado Nacional-Revolucionario (1930-1988).

5. Las elecciones en la disyuntiva de la liberalización, la transición y la consolidación democrática (1988-2018).

En estos cinco momentos históricos, la violencia electoral ha sido una constante en la sociedad mexicana. La cual se ha expresado a través de asesinatos, persecuciones, represión, amedrentamiento, desapariciones selectivas, entre otras. Y también se ha reflejado la violencia en el proceso electoral a través del fraude, el robo de urnas, la alteración de actas, la presión a los ciudadanos, la compra de votos, la violencia política de género y la coacción de los votantes.

A pesar de la trascendencia e intensidad de la violencia política-electoral esta temática ha sido poco estudiada en México. Lo que se debe en primer lugar a la normalización del fenómeno en el contexto del partido hegemónico-predominante y en segundo lugar, al supuesto de que la transición a la democracia había desterrado las prácticas autoritarias como la violencia política y electoral. Recién el fenómeno comienza a ser estudiado de forma más sistemática desde la llegada de la alternancia en el poder presidencial en el año 2000. Lo que también fue producto de la ampliación de la idea de la democracia en el ámbito procedimental (Dahl, 1989). En donde, se incorpora que las elecciones deben ser pacíficas y que la democracia debe proveer las condiciones para que no se presente violencia como herramienta para incidir en la competencia electoral y las preferencias ciudadanas.

El estudio de la violencia electoral es complejo debido a que esta depende directamente de una serie de factores como son el sistema político, el marco regulatorio, las relaciones políticas, las élites, los grupos de delincuencia organizada, etc. Así lo han mostrado estudios recientes como Las balas y los votos: Efectos de la violencia en el comportamiento y actitudes de los ciudadanos en México” (Bravo, Grau y Maldonado, 2014), el cual recoge el contexto de la violencia en México y lo vincula con el ejercicio de la ciudadanía². Aunque no se adentra directamente en el ámbito electoral, si es importante para comprender la magnitud del fenómeno de la violencia en distintas esferas de la vida pública y que su presencia está dada por la búsqueda de algún objetivo, siendo en el campo político-electoral la persuasión sobre los actores y electores un elemento clave de esto último.

Las consecuencias de la violencia electoral son amplias y en términos de persuasión generan miedo, disociación de lo colectivo, crisis de pertenencia, individualización, vulnerabilidad y estados de ánimo pesimistas (Salazar, 1999). Lo que configuran elementos para la persuasión de los actores políticos y los votantes, con el fin de conseguir algún objetivo por la vía de la fuerza. Lo que es coincidente con lo propuesto en otras investigaciones como Castillo y Mañan (2015); Currea, (2011); Barreto, (2007); Cruz, (2003); Aguilera y Fernández de Mantilla, (2002); Aguilera (2002). Esta última señala:

“En último término, y para cumplir con el objetivo persuasivo y transformador de consecuencias y comportamiento, los actores de la violencia política buscan persuadir a la población para que sea colaboradora, y que se convierta en una masa amorfa y sin criterio propio. La guerra psicológica que lleva implícita la violencia política supone la introducción de un lenguaje, de una forma de vivir, de una manera de pensar orientadas a que la gente acepte las situaciones como las más convenientes. (Aguilera, 2002: 9-10)”

Una serie de estudios han aportado elementos importantes para comprender el problema, principalmente desde la historiografía política que estudia los siglo XIX y XX (Andrews, 2017; Gantús y Salmeron, 2014; Rivera, 2010; Jensen, Allier y Crenzel, 2015), sin embargo, la violencia electoral en la actualidad ha sido poco estudiada. Respecto a los estudios desde los expedientes de averiguaciones previas, denuncias y atención de los delitos electorales destaca el trabajo de Bernardino Esparza (2015) quien sistematiza las formas de judialización de la violencia y los delitos electorales entre 1812-2014, en donde se aprecia que desde el inicio de la conformación del Estado-nación y tanto en el Estado liberal, el nacional-revolucionario y el neoliberal se ha presentado la necesidad de sancionar este tipo de delitos asociados a la violencia. También destacan los aportes Héctor Díaz-Santana (2002, 2010) quien señala que los delitos y la violencia son estrategias que distorsionan la competencia electoral y el ideal democrático, ya que: “la manipulación del voto es un fenómeno vinculado a la historia de las elecciones en México, está latente en el desarrollo de los procesos electorales, y puede incidir significativamente en el desempeño y la calidad de la democracia electoral” (Díaz-Santana, 2002: 102).  Estos estudios dan cuenta de la persistencia y magnitud del fenómeno de los delitos y la violencia electoral en México y por otro lado ayudan a tipificar estos hechos, lo que ayuda a una mayor comprensión de este asunto.

De allí que será de interés continuar estudiando el desarrollo de la violencia electoral, en este caso consideramos que el fenómeno es una constante y que opera en un doble sentido: por un lado, busca interferir en los actores políticos y por otro, persuadir las preferencias electorales de la ciudadanía. Ello ha configurado a la violencia como una herramienta más en la lucha por mantener o acceder al poder político por la vía electoral. Esto explica en buena parte que este fenómeno sea una constante en la historia política de México.

Un acercamiento a la violencia desde los tipos de delitos electorales en México

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda a la Procuraduría General de la República por medio de una fiscalía especializada la atención de los delitos electorales. Ello es muestra de la presencia del fenómeno y la necesidad de penalizarlo para generar los incentivos que disminuyan los delitos en la materia. Más aún, cuando la transición a la democracia supuso el reto de construir una institucionalidad objetiva e imparcial que diera certeza jurídica y autonomía a los procesos electorales, al respecto Héctor Díaz-Santana (2013) señala:

La pregunta sería para qué el sistema electoral mexicano diseñó una institución como la FEPADE, la respuesta es porque era necesaria por las condiciones en que se desarrollaban las elecciones. Para la transición democrática era fundamental establecer un andamiaje institucional potente capaz de garantizar condiciones óptimas de la competencia electoral y evitar que conductas como la compra y coacción del voto fueran una constante y alteraran la voluntad popular expresada en las urnas y afectaran la legitimidad electoral (Díaz-Santana, 2013).

En México la violencia electoral ha sido sancionada en el marco legal y penalizada en distintos instrumentos como el Código Penal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ello es una muestra de lo amplio del fenómeno y las necesidades de sancionarlo en los ámbitos administrativos, civiles y penales. Lo que busca resguardar un derecho y un bien jurídico como son las elecciones y la democracia. En términos específicos, la regulación en la materia tutela como bien jurídico que las votaciones sean libres, auténticas y periódicas; y que deban realizarse mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Al tiempo que también busca por un lado, proteger que estas se den en condiciones pacíficas y de equidad para los competidores de la contienda y por otro lado, preservar los principios rectores del proceso electoral como son: certeza, legalidad, independencia, no violencia, imparcialidad y objetividad, como una tarea del Estado democrático.

La ley secundaria que establece la atención por parte de la autoridad jurisdiccional en materia de violencia y delitos electorales es la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La cual incorpora y define los tipos penales asociados a los delitos en materia de violencia electoral. En el siguiente cuadro se recupera esta tipificación de acciones según los sujetos activos (funcionarios de casilla, militantes de partidos, ciudadanos, funcionarios públicos o candidatos) que podrían cometer un delito:

Cuadro 1. Acciones tipificadas en el marco legal como violencia electoral en México

Amenace o presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma;	Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.	Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;
Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;	Solicita tu voto a cambio de paga u otra recompensa;	Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;
Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;	Solicite u ordene evidencia del sentido de tu voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;	Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular
Amenace con suspender los beneficios de los programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición	Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales;	Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto;
Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla;	Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;	Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;
Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una casilla;	Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;	Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;
Altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía;	Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;	Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;
Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores;	Solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;	Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede;
Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;	Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley general de medios de impugnación. Se excluyen las faltas administrativas que no se asocian a la coacción física y violenta de electores, funcionarios o candidatos.

Como se aprecia en cuadro anterior, existen una serie de acciones que han sido tipificadas como violencia electoral, la cual es definida como el uso de la fuerza ilegitima para conseguir un fin determinado dentro del proceso electoral. Lo que permite visualizar las prácticas de violencia electoral que se realizan en México, las cuales se presentan en todos los procesos electorales de los distintos niveles de gobierno (Municipal, Estatal o Federal). De esta manera las distintas acciones de violencia han generado el problema y la necesidad pública de regular y sancionar este delito para disponer de una estructura de incentivos negativos que disminuya la violencia electoral en México. Sin embargo esto no ha ocurrido, ya que este fenómeno persiste como lo dan cuenta las causas, expedientes y averiguaciones previas que desarrolla la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, lo que se observa en el grafico 1.

 

Grafico 1. Averiguaciones previas existentes en la FiscalíaEspecializada de Atención a los Delitos Electorales (2006-2015)

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPADE (2017).

En el gráfico anterior se observa que en una década se presentaron 7006 averiguaciones previas y en promedio entre 2006 y 2016 se encontraron 700 denuncias de delitos electorales por año, sin embargo las denuncias de delitos electorales siguen un patrón similar al de los delitos comunes, ya que existe un 90% de hechos delictivos que no se denuncian. Por ello se realizó una proyección de los delitos denunciados para conocer la magnitud de este fenómeno, el cual alcanzaría, considerando la cifra negra a los 13311 delitos y un promedio de 1331 casos por año, lo que equivale a 3.6 delitos electorales diarios.

Otro aspecto a destacar es que en los últimos procesos, las elecciones presidenciales de 2012 generaron la mitad de las averiguaciones previas asociadas a delitos electorales. Al tiempo que también fue un proceso en donde se registraron al menos 15 muertes de actores políticos. Lo que se explica debido a que este proceso electoral además de elegir presidente, también lo hizo con diputados y en algunas entidades con elecciones locales concurrentes. Esto genera una mayor movilización electoral y por consiguiente, la operación de mecanismos de competencia como la violencia política también aumenta.

Estos datos muestran la magnitud de los delitos electorales y la persistencia temporal del fenómeno en los últimos diez años. Ello evidencia que no todos los actores políticos se apegan a la ley y respetan las reglas del juego. Lo que genera problemas estructurales como es la reproducción de la violencia como una práctica constante dentro de las elecciones en México. La cual a pesar de los avances en la liberalización y la transición a la democracia no ha desaparecido ni menos disminuido como era de esperarse, más aún cuando se ha presenciado una consolidación de las instancias en materia electoral como el Instituto Nacional Electoral o la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Cuadro 2. Averiguaciones previas asociadas a delitos electoralespor entidad federativa entre 2006 y 2015

ENTIDAD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL	Lista Nominal	Delitos por cada 100000 electores
Aguascalientes	6	1	0	4	13	0	28	1	1	0	54	928778	5,81
Baja California Sur	2	1	0	3	1	26	30	1	0	1	65	510032	12,74
Baja California	9	2	0	9	10	3	199	3	3	3	241	2692174	8,95
Campeche	7	0	1	7	1	3	29	1	0	2	51	631992	8,07
Chiapas	31	6	2	28	44	2	186	5	3	13	320	3464689	9,24
Chihuahua	7	6	0	6	29	0	56	6	5	3	118	2708952	4,36
Coahuila	6	3	12	19	5	17	56	4	7	2	131	2126517	6,16
Colima	4	0	1	2	0	1	17	0	2	3	30	525339	5,71
Distrito Federal	95	9	27	87	14	49	630	29	26	61	1027	7563547	13,58
Durango	5	1	0	5	11	3	50	6	3	4	88	1267706	6,94
Guanajuato	9	3	1	10	3	1	83	1	3	4	118	4313672	2,74
Guerrero	10	3	6	15	6	52	66	3	13	13	187	2477534	7,55
Hidalgo	3	0	3	1	1	28	46	1	3	2	88	2084804	4,22
Jalisco	17	1	1	23	2	6	152	1	6	12	221	5854706	3,77
México	60	3	6	85	13	149	560	117	567	38	1598	11317686	14,12
Michoacán	16	10	1	6	2	50	67	2	4	9	167	3415690	4,89
Morelos	9	1	0	17	1	4	52	2	1	4	91	1422275	6,4
Nayarit	3	0	2	1	1	28	46	1	3	2	87	837371	10,39
Nuevo León	9	2	0	11	2	6	93	3	1	9	136	3419276	3,98
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	2818903	3,51
Puebla	29	17	1	19	124	12	121	30	15	10	378	4421706	8,55
Querétaro	8	1	0	1	2	2	72	1	3	5	95	1376316	6,9
Quintana Roo	3	0	5	7	14	1	0	0	0	0	30	1184665	2,53
San Luis Potosí	9	1	0	5	0	4	39	0	2	1	61	1771937	3,44
Sinaloa	4	1	0	4	13	1	65	1	6	1	96	2108466	4,55
Sonora	7	0	1	14	1	3	58	1	2	9	96	2078300	4,62
Tabasco	13	2	1	31	1	1	61	3	4	1	118	1668682	7,07
Tamaulipas	6	10	1	20	18	3	65	4	7	2	136	2595226	5,24
Tlaxcala	4	1	0	6	27	0	41	8	5	2	94	906964	10,36
Veracruz	62	37	4	71	151	30	442	49	77	6	929	5706563	16,28
Yucatán	3	7	0	3	39	3	97	1	2	0	155	1354128	11,45
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	1152525	21,17
TOTAL	456	129	76	520	549	488	3507	285	774	222	7349	86707212

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPADE (2017b).

En el cuadro anterior se aprecia que en las 32 entidades federativas de México se presentan delitos electorales y violencia política. Lo que habla de lo generalizado y extendido del fenómeno. Lo estados que registran una mayor cantidad de delitos electorales son: Estado de México, Distrito federal, Veracruz, Puebla, Chiapas, Baja California y Jalisco. A su vez, los que tuvieron una menor incidencia delictiva electoral fueron: Colima, Campeche Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit e Hidalgo. Lo anterior muestra que la distribución de los delitos electorales a nivel geográfico es aleatoria, pero tienen una concentración de casos en ciertos estados. Aunque la totalidad de los Estados del país tienen presencia de delitos y violencia electoral.

Gráfico 2. Averiguaciones Previas de FEPADE por entidad federativa entre 2005-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPADE (2017b).

Para conocer la intensidad de los delitos electorales y tener un control demográfico se utilizó la tasa de delitos electorales por cada 100000 electores en el listado nominal. Este indicador muestra que los estados más afectados por los delitos electorales son Zacatecas, Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas, Baja California, Campeche y Puebla. En promedio estas entidades federativas tienen una tasa de 12.3 delitos electorales por cada 100000 ciudadanos. Por el contrario, las entidades de Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas tienen una baja tasa de delitos electorales, existiendo 4.2 delitos por cada 100000 personas en la lista nominal.

De esta manera, se aprecia una mayor intensidad del fenómeno en ciertos Estados, a diferencia de otros que tienen una menor incidencia de delitos y violencia electoral. Esto da cuenta de la magnitud y extensión de estos fenómenos, los que no pueden verse como hechos aislados, ya que su presencia es persistente y masiva afectando a todas las entidades federativas. Esto es señal de que los delitos electorales y la violencia política se han convertido en un mecanismo de competencia política y persuasión del electorado, al cual recurren de forma permanente funcionarios, candidatos y partidos políticos.

En la revisión de la estadística en materia de delitos electorales y de los expedientes de las averiguaciones previas (FEPADE, 2017, 2017b), se encontró que los delitos más frecuentes que están tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y que se asocian al uso de la fuerza para conseguir algún fin político-electoral fueron los siguientes:

Expulsar sin causa justificada y con violencia de la casilla a representantes de partidos políticos.

Presionar y amenazar a los ciudadanos para votar por candidato o partido.

Presionar o violentar en la casilla para emitir el voto a favor de un partido.

Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, la credencial de elector.

Comprar y coaccionar el voto.

Alterar los resultados de la elección.

Impedir por la fuerza que se instale, abra o cierre una casilla.

Obstaculizar el desarrollo de la elección.

Obligar a sus subordinados a votar por un candidato o partido.

Condicionar algún servicio o programa social a cambio del voto.

La incidencia de este tipo de delitos es una primera evidencia para argumentar que este fenómeno es un mecanismo de competencia electoral que atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos. Al tiempo que ocurre en todas las entidades federativas de México. A ello se le suma que a pesar de existir una estructura de incentivos para eliminar la violencia esta no ha disminuido, ya que si bien existe la ley que lo sanciona esto no ha dado resultados debido a los altos niveles de impunidad que llevan a que la menor parte de las averiguaciones previas desemboquen en penas y sanciones efectivas. De esta manera, la violencia electoral en los últimos dos sexenios ha sido persistente y una constante en los procesos electorales.

Asesinatos y violencia electoral en México (2005-2018)

Una de las expresiones más graves de la violencia electoral son los asesinatos de actores políticos, ya que no sólo es la expresión del máximo uso de la fuerza física sino también tienen efectos importantes sobre la persuasión de los electores y candidatos, ya que transmiten un discurso simbólico de miedo y control político total más allá de las instituciones electorales, de seguridad, y de justicia.

Este tipo de delitos son atendidos por las fiscalías generales, lo que hace más complejo identificar la totalidad de las muertes por motivaciones políticas. Por ello para acercarse a la magnitud de este tipo de violencia electoral se revisaron las notas aparecidas en periódicos de circulación nacional entre 2005 y 2018 (febrero). Con lo que se espera cuantificar las muertes y la extensión geográfica de las mismas, dando cuenta con ello de la magnitud de la violencia política y electoral en México. Lo que se aprecia en el cuadro 3:

 

Cuadro 3. Asesinatos de actores políticos locales entre 2006 y 2018

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Alcaldes asesinados en funciones	2	3	1	3	12	16	7	2	8	2	2	21	3	82
Familiares asesinados de alcaldes en funciones	0	1	1	1	4	5	4	5	9	7	6	0	0	43
Ex alcaldes asesinados	1	2	3	7	2	4	10	6	8	15	10	0	0	68
Alcaldes suplentes (sin toma de protesta) asesinados	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5
Candidatos a alcalde asesinados	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	5
Alcaldes desaparecidos en funciones	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Total	3	6	5	11	18	27	21	17	27	26	20	21	3	205

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2016) y revisión de periódicos de distribución nacional (El Universal, La Jornada, Proceso, Excélsior, Reforma y Milenio).

En el cuadro anterior se puede observar como el número de candidatos asesinados, así como de ex candidatos y familiares de estos muestran una tendencia fluctuante pero en aumento, el que se acentúa a partir del año 2010. Desde entonces el promedio es de 22 ejecuciones por año. Entre 2006 y 2018 se registraron 205 asesinatos, lo que representa 17 fallecimientos por año y al menos uno por mes. Lo que implica una masividad que se ajusta con la normalización de la violencia que experimenta la sociedad mexicana a partir de la masificación de los asesinatos y ejecuciones producto de los grupos de delincuencia organizada. De allí que también el problema de la violencia electoral no se haya instalado en la agenda pública, salvo por la incidencia de algunas organizaciones como la Asociación Nacional de Alcaldes que ha construido mapas de riesgos y protocolos para la protección de los actores políticos locales.

Grafico 3. Porcentaje de asesinatos de actores políticos locales entre 2006 y 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2016) y revisión de periódicos de distribución nacional (El Universal, La Jornada, Proceso, Excélsior, Reforma y Milenio).

En el grafico anterior se puede observar que la mayor cantidad de asesinatos de actores políticos locales en la última década se concentra entre 2010 y 2017, entre estos años se presentaron 188 muertes que representan el 86.4% de los casos. Finalmente, destaca el porcentaje de asesinatos en los meses de enero y febrero de 2018, el cual es de 1.5% este es el mismo porcentaje que se obtuvo durante los doce meses del año 2006, lo que ratifica la continuidad y presencia de la violencia electoral. Ello es evidencia de la magnitud y generalización del fenómeno de la violencia y como su presencia es un factor de control político de los ciudadanos y de persuasión sobre las decisiones del electorado.

El asesinato de un actor político representa la expresión más grave de la violencia entendida como el uso de la fuerza física y simbólica para conseguir algún fin electoral. De la revisión de las distintas fuentes como expedientes judiciales y medios de comunicación se observa que este fenómeno tiene una mayor intensidad en el nivel local A diferencia del resto de los delitos electorales que se presentan indistintamente tanto en el ámbito local como estatal y federal. Esto se observa debido a que las cifras de actores políticos asesinados se concentran en funcionarios, activistas y cercanos en el ámbito del ayuntamiento. Lo que es una expresión de las tensiones locales entre actores políticos, económicos y sociales. Quienes buscan acceder y ejercer el poder político municipal. Es allí en donde el asesinato es una herramienta de la lucha electoral, que busca limitar el campo de acción individual del actor público y también se destina para persuadir a los electores y las bases de apoyo para inclinarse o favorecer a algún grupo de poder en específico.

 

Cuadro 4. Asesinatos de actores políticos locales en las entidades federativas entre 2006 y 2016

Entidad	Alcaldes asesinados	Alcaldes secuestrados en funciones que siguen desaparecidos	Alcaldes suplentes (sin toma de protesta) asesinados	Familiares asesinados de Alcaldes en funciones	Candidatos a alcalde asesinados	Ex alcaldes asesinados	Total de Víctimas
Oaxaca	10	0	2	2	0	9	23
Michoacán	8	0	0	4	1	6	19
Chihuahua	5	0	0	6	1	7	19
Veracruz	4	0	3	4	0	6	17
Guerrero	3	1	0	4	1	7	16
Durango	6	0	0	2	1	1	10
Tamaulipas	1	1	0	1	1	6	10
Jalisco	2	0	0	3	0	4	9
Estado de México	2	0	0	4	0	5	9
Morelos	2	0	0	2	0	2	6
Sinaloa	0	0	0	3	0	3	6
San Luis Potosí	2	0	0	1	0	3	6
Sonora	0	0	0	4	0	1	5
Coahuila	1	0	0	1	0	2	4
Nuevo León	2	0	0	1	0	1	4
Puebla	1	0	0	0	0	2	3
Quintana Roo	0	0	0	2	0	1	3
Colima	0	0	0	2	0	0	2
Guanajuato	1	0	0	1	0	0	2
Hidalgo	0	0	0	0	0	2	2
Tabasco	1	0	0	0	0	1	2
Zacatecas	1	0	0	0	0	1	2
Chiapas	0	0	0	1	0	0	1
Total	52	2	5	46	5	70	180

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2016) y revisión de periódicos de distribución nacional (El Universal, La Jornada, Proceso, Excélsior, Reforma y Milenio).

En el cuadro anterior se puede apreciar que el Estado de Oaxaca es quien encabeza la lista con el mayor número de víctimas de la violencia política, seguido por Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Durango y Tamaulipas. Estos estados presentan 114 actores políticos asesinados, concentrando el 63.3% de las víctimas. Por el contrario, las entidades federativas con menor presencia de este tipo de delito son Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas y Chiapas. Estos estados tienen 48 casos que representan el 26% del total de víctimas entre 2006 y 2017.

El asesinato de actores políticos locales ha sido un tema de preocupación para organizaciones de la sociedad civil, así la Asociación Nacional de Alcaldes registró información sobre los puntos donde se concentra mayor violencia electoral y riesgo para ser alcalde siendo Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; seguidas por el Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas las entidades más riesgosas para ser Alcalde. El menor riesgo se encuentra en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Mientras que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán (Alcaldes de México, 2016). Lo que es coincidente con los datos que se presentan en los cuadros 3 y 4.

Como se aprecia en la evidencia presentada, los delitos electorales asociados a los asesinatos han presentado una tendencia creciente y extendida en todo el país. Lo que aumenta los costos de la democracia y los niveles de legitimidad de la misma, en donde ambos aspectos son claves para su óptima operación como mecanismo de transferencia del poder. Lo que en el nivel local es aún más problemático, ya que es el espacio más directo de vinculación de los ciudadanos con el ejercicio del poder y representa el primer nivel de acceso a los servicios y políticas públicas. En este sentido, la presencia de la violencia electoral en México acentúa la desafección con el campo político local. Lo que tiene como consecuencia una menor participación ciudadana y una menor competitividad electoral generando como señala Ponce (2016) las condiciones necesarias para la emergencia de los autoritarismos y caudillismos locales que se basan en el uso de la fuerza para mantener el control político, lo que pone en riesgo a la democracia en México.

Conclusiones

La violencia electoral es el ejercicio de la fuerza física y simbólica para conseguir algún objetivo o fin determinado en el campo político. En México este tipo de violencia es masiva y se encuentra extendida a lo largo del país en los últimos diez años. Así lo indican las estadísticas de averiguaciones previas existentes en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y los asesinatos de actores políticos locales que han dado cuenta los medios de comunicación entre 2006 y 2018. A partir de ello se encuentra que existen diversos tipos delitos asociados a la violencia, los cuales van desde la coacción y uso de la fuerza para obtener votos hasta la agresión y el asesinato de actores políticos y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

En términos genéricos el uso de la violencia busca intimidar, persuadir y convencer al electorado, así como limitar la competencia política (Ponce, 2016). Esto es posible en tanto la presencia de la violencia política en la sociedad tiene una multiplicidad de significados según las experiencias sociales que construyen la subjetividad de las personas. De esta manera, coincidimos con Aguilera (2002) cuando indica que “la violencia política va encaminada a romper tanto las convicciones personales de cada uno, cuando éstas son contrarias a alguno de los bandos en confrontación, como a romper los procesos de unidad y experiencias comunitarias de quienes tienen unas mismas necesidades y unos mismos ideales que quieren llevar a la práctica en un proceso común” (Aguilera, 2002). Por ello, es que en contextos en donde la violencia como expresión de la delincuencia organizada se encuentra masificada y generalizada existe una tendencia a la normalización de su presencia y a la ruptura del tejido social y de las experiencias colectivas que son constitutivas del campo electoral. Ello en la política tiene un efecto concreto como es la individualización, al distanciar a las personas de lo público y del ejercicio de los derechos político-electorales (Trejo y Ley, 2015).

En este sentido, Aguilera (2002) señala que el uso de la violencia construye un estado de ánimo que proyecta el miedo como mecanismo de control social y político. Lo que lo convierte en un mecanismo eficiente para controlar a los votantes y a la competencia electoral.

La posibilidad continúa de sufrir la represión y el terrorismo de la violencia política. Sus graves consecuencias y su extensión en las comunidades y colectivos suponen una situación de alta tensión permanente, en la que se obliga a la gente a vivir. Estas situaciones de gran tensión traen consecuencias a nivel individual, familiar y social. Por ejemplo, el miedo afecta a la persona pero también a la familia, al grupo y a la sociedad, y todos ellos deben reaccionar de una u otra manera para afrontar el terror. La estrategia persuasiva que utiliza la guerra o la violencia política es el arma de la división, la disociación y la individualización. En este sentido, se reprime a personas concretas y éstas pueden sufrir un daño especial, pero se les reprime porque son parte de un colectivo que hace su propio proceso histórico con su propia manera de vivir, de sufrir, de luchar, de pensar (Aguilera, 2002:7).

Esta disociación sucede cuando la violencia electoral se generaliza y genera una estructura de altos costos para que las personas ejerzan sus derechos de votar y ser votado. De allí que en estos contextos la política sea un asunto de los políticos, cerrando el campo para el acceso a nuevos actores y legitimando a la violencia como un mecanismo de competencia política y electoral. Por otra parte, la violencia tiene la finalidad de persuadir a los electores para influir en sus decisiones de voto o simplemente para disminuir los niveles de participación propiciando que las estructuras de operación y movilización del voto tenga un mayor peso en el resultado electoral. En este sentido, la violencia política es sustancialmente una herramienta de competencia electoral, ya que establece un mecanismo de persuasión a favor de los apoyos para quienes tienen el control de los recursos y medios para el ejercicio de la violencia en todas sus formas.

Finalmente, consideramos que los delitos electorales asociados a la violencia cuestionan la democracia, los procesos electorales, la competencia política y el modelo de comunicación política en México (Freidenberg y Aparicio, 2016). Esto tiene mayores efectos en una democracia que lentamente avanza hacia su consolidación debido entre otros a la violencia política y electoral que es utilizada como herramienta de control y competencia electoral. Lo que cuestiona los principios básicos de la participación electoral como son la igualdad del voto, la libertad de ideas en las decisiones de los votantes, la competencia pacifica para el acceso al ejercicio del poder y la legitimidad en las relaciones de poder. De allí las amplias consecuencias de este fenómeno que se encuentra masificado y extendido en todas las entidades federativas de la república mexicana.

Notas

¹ Se revisaron los siguientes medios de comunicación (prensa escrita): El Universal, La Jornada, Proceso, Excélsior, Reforma y Milenio.

² La investigación de Bravo, Grau y Maldonado (2012) analizan los niveles de participación electoral en las elecciones federales de 2009 en los municipios del país como una función del número de homicidios relacionados con presunta rivalidad delincuencial entre 2007 y 2010. Los autores concluyen que la relación entre el incremento de este tipo de violencia y los índices de participación electoral no es significativa. No obstante, cuando incluyen en su modelo una variable relacionada con el índice de desarrollo humano encuentran que los municipios con niveles bajos de desarrollo corresponden a altos índices de violencia y a bajos porcentajes de participación electoral.

 

Referencias bibliográficas

1. Alcaldes de México (2016). Conoce los estados con mayor riesgo para los alcaldes. [Recuperado de: http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/conoce-los-estados-con-mayor-riesgo-para-los-alcaldes/]. Consultado el 12 noviembre de 2017.         [ Links ]

2. Andrews, C. (2017). De Cádiz a Querétaro: Historiografía y bibliografía del constitucionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]

3. Aguilar, J. (2010). Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910). México: Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]

4. Aguilera, A. (2002). Implicaciones de la violencia política en la intención de voto y en el comportamiento electoral, Reflexión Política, vol. 4, núm. 1, junio, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/110/11040706.pdf.         [ Links ]]

5. Barreto, I y Borja, H. (2007). Violencia política: algunas consideraciones desde la psicología social, Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 3, núm. 1, enero-junio. Universidad Santo Tomás Bogotá, Colombia. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/679/67930107.pdf ]         [ Links ]

6. Bravo, C; Grau, M; Maldonado, G. (2014). Las balas y los votos: Efectos de la violencia en el comportamiento y actitudes de los ciudadanos en México. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).         [ Links ]

7. Castillo, A. y Mañán, O. (2015). México un Estado en desintegración: violencia institucionalizada como degradación extrema de la política, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 1, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Estado de México, México. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/2631/263139243011.pdf.         [ Links ]]

8. Código Penal Federal. [Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385123&fecha=12/03/2015. Consultado el 23 de enero de 2018].         [ Links ]

9. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Recuperado de: http://dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=07&day=07&edicion=MAT] Consultado el 11 de enero de 2018.         [ Links ]

10. Cruz, J. (2003). Violencia Democrática y Cultura Política. México: Nueva Sociedad.         [ Links ]

11. Currea, L. (2011) Escenarios para justificar (o no) la violencia política, Papel Político, vol. 16, núm. 1, enero-junio, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77724397003]         [ Links ]

12. Dahl, R. (1989). La poliarquía. Madrid: Tecnos.         [ Links ]

13. Díaz, H. (2002). El ejercicio de las instituciones electorales en la manipulación del voto en México, Perfiles Latinoamericanos, núm. 20, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Distrito Federal, México. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/115/11502006.pdf.         [ Links ]]

14. Díaz, H. (2010). La importancia de los delitos electorales en el sistema electoral de México, Amicus curiae, vol. 1, núm. 3. Instituto Federal Electoral, México. [Recuperado de: http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-curiae/descargas/amicus14/Los_delitos_electorales_en_mexico.pdf]         [ Links ]

15. Díaz, H. (2013). Reflexiones sobre los delitos electorales y la FEPADE a partir de la alternancia política, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 3. Universidad Nacional Autónoma de México, México. [Recuperado de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/issue/view/488]         [ Links ]

16. Esparza, B. (2015). Delitos electorales 1812-2014. México: INACIPE        [ Links ]

17. FEPADE (2017). Información Estadística de Informes Anuales. FEPADE, México. [Recuperado de http://www.fepade.gob.mx/perfiles.html]. Consultado el 13 de enero de 2018.         [ Links ]

18. FEPADE (2017b). Perfiles estadísticos de las entidades federativas. FEPADE, Mexico. [Recuperado de http://www.fepade.gob.mx/perfiles.html] Consultado el 19 de enero de 2018        [ Links ]

19. Fernández, L. y Torrado, A. (2002). Violencia y elecciones en Santander, Reflexión Política, vol. 4, núm. 8, diciembre, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/110/11000813.pdf]         [ Links ]

20. Freidenberg, F. y Aparicio, F. (2016). México 2015: Entre la fragmentación partidista y el descontento ciudadano, Revista de Ciencia Política, vol. 36, núm. 1, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32446000010]         [ Links ]

21. Gantús, F. y Salmerón, A. (2014). Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo XIX. México: Instituto Mora.         [ Links ]

22. Gantús, F. y Salmerón, A. (2016). Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia. México: Instituto Mora.         [ Links ]

23. Gantús, F. y Salmerón, A. (2016).Cuando las armas hablan, los impresos luchan. México: Instituto Mora.         [ Links ]

24. Jensen, S; Montaño, A; Crenzel, E. (2015). Las luchas por la memoria en América Latina Historia reciente y violencia política, Historia mexicana, vol. 1, núm. 67, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, Distrito Federal, México. [Recuperado de: http://cesycme.co/wp-content/uploads/2016/05/Eugenia-Allier-Monta%C3%B1o-y-Emilio-Crenzel-Las-luchas-por-la-memoria-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf]         [ Links ]

25. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. [Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014]. Consultado el 5 de enero de 2018.         [ Links ]

26. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral. [Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014]Consultado el 5 de enero de 2018.         [ Links ]

27. Ley General en Materia de Delitos Electorales. [Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5350404&fecha=27/06/2014]. Consultado el 5 de enero de 2018.         [ Links ]

28. Mora, H. y Escobar, C. (2003). Elector, resistencia y desafección política. Política y Cultura, núm. 19, marzo. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/267/26701908.pdf]         [ Links ]

29. Norris, P. (2012). Why electoral malpractices heighten risks of electoral violence. Electoral Fraud and Violence. New Orleans: the annual meeting of the American Political Science Association.         [ Links ]

30. Palma, E. (2010) México: entre la violencia y la consolidación del sistema de partidos. Revista de Ciencia Política, vol. 30, núm. 2, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32416605011]         [ Links ]

31. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. [Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5260683&fecha=23/07/2012]. Consultado el 4 de enero de 2018        [ Links ]

32. Reyes, J; Aguilar, V; Alanís, F; González, V; Guzmán, B; Magallán, G; Mora, A; Salgado, R; Sosa, A. (2015).Elecciones 2015: Michoacán, entre la violencia y la democracia. El Cotidiano, núm. 193, septiembre-diciembre. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México. [Recuperado de: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19307.pdf]         [ Links ]

33. Rodríguez, E. (2016). “Violencia local en México” EL UNIVERSAL Online S.A. de C.V. [Recuperado de: http://interactivo.eluniversal.com.mx/2016/alcaldes-asesinados/#table0]. Consultado el 12 de enero de 2018.         [ Links ]

34. Salazar, M. (1999). Violencia Política, Conflicto Social y su impacto en la Violencia Urbana, Reflexión Política, vol. 1, núm. 1, marzo, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia, [Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11010111]         [ Links ]

35. Ponce, A. (2016) Cárteles de droga, violencia y competitividad electoral a nivel local Evidencia del caso mexicano, Latin American Research Review, Vol. 51, No. 4. Centro de Investigación y Docencia Económicas, México. [Recuperado de: https://lasa.international.pitt.edu/auth/pub/Larr/CurrentIssue/51-4_62-85_Ponce.pdf]         [ Links ]

36. Trejo, G. y Ley S. (2015). “Municipios bajo fuego (1995-2014)”. Revista Nexos. [Recuperado de: https://www.nexos.com.mx/?p=24024]. Consultado el 9 de enero de 2018.         [ Links ]

37. Zepeda, S; Bustos, C. (2010). Violencia y política electoral en Chihuahua, El Cotidiano, núm. 164, noviembre-diciembre, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal, México. [Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32515894003].         [ Links ]